Jurisprudencia. Ministerio Público Fiscal c. Jones Huala, Martiniano. El 13 de marzo de 2015, un grupo de alrededor de quince personas -que se identificaron como miembros de la Comunidad de Resistencia del Departamento Cushamen- habría ingresado sin autorización a una estancia, colocando carteles con las leyendas "Fuera Benetton" y "Territorio mapuche". A la vez, habría repelido con piedras y gomeras la intervención policial que pretendía su desalojo, causando lesiones leves a dos agentes y daños al móvil policial. También habría amenazado al personal preventor, hurtado postes de madera e interrumpido parcialmente el transito sobre la ruta N° 40 a la altura de El Maitén. En el marco de su reclamo por la propiedad ancestral de esas tierras, habría solicitado la intervención de autoridades nacionales para conformar una mesa de diálogo sobre el reclamo. El juez provincial declinó la competencia por considerar que los hechos investigados afectaban la seguridad interior y entendió, además, que resultaba aplicable al caso la agravante prevista en el último párrafo del artículo, de competencia federal. Por su parte, el magistrado federal aceptó parcialmente la competencia por la irrupción del tránsito en la ruta nacional n° 40 y rechazó la declinatoria por los restantes hechos. Señaló que la conducta denunciada no revestía la entidad típica que requiere la agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal. Además, indicó que en el caso subyace un reclamo indígena por la propiedad o posesión de la tierra, lo que fundamenta la exclusión de estos sucesos como actos terroristas. Se trabó, así, una contienda negativa de competencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación -con remisión a los argumentos
del Procurador Fiscal- declaró que debía intervenir la justicia provincial.
Entre sus fundamentos, el Procurador sostuvo que "...los sucesos de este
caso no habrían sido cometidos con los fines previstos en el artículo de ‘aterrorizar
a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo’, por lo que, prima facie, no resulta aplicable esa
agravante. A su vez, tampoco encerrarían algún tipo de conflictividad de la
clase contemplada en los instrumentos internacionales sobre prevención y
sanción del terrorismo suscripto por la Argentina, como la Convención
Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, incorporado a nuestra
legislación". Asimismo, el Fiscal explicó que "[p]or el contrario,
los acontecimientos bajo análisis están enmarcados en una protesta llevada
adelante en reclamo de derechos sociales, lo que ameritaría aplicar,
eventualmente, la excepción prevista en el artículo, en la medida que prevé que
‘las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los
hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional’".[1]
[1] Ministerio Público Fiscal c. Jones Huala, Martiniano, 29/12/2015. Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
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